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2018, otro año de incertidumbre para los ‘dreamers’

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Todos conocemos a alguien o tenemos familiares que emigraron a Estados Unidos de América en sus primeros años de vida por diversas razones, principalmente económicas. Se fueron cuando eran niños y la mayoría nunca volvieron a su país de origen, ni siquiera de vacaciones. Echaron raíces en norteamérica y adoptaron una nueva lengua, algunos no se desconectaron completamente de la cultura mexicana y desde la distancia añoran las tradiciones que les inculcaron sus padres.  Otros eran tan pequeños cuando llegaron al vecino país que no reconocen ningún otro sitio como hogar, no tienen idea de cómo es su lugar de origen y ni siquiera hablan español. A pesar de que no cuentan con algún documento que lo avale, ellos se sienten completamente estadounidenses, han crecido y estudiado ahí y ahora incluso conforman un sector importante para la economía y el desarrollo estadounidense.

Alrededor de 800,000 jóvenes están en esta situación, 78% de ellos nacieron en México; en promedio tienen 22 años de edad y 65,000 de ellos son estudiantes graduados de la escuela secundaria, hay otros 10,000 graduados universitarios cada año. Deportarlos costaría a los contribuyentes estadounidenses alrededor de 60,000 millones de dólares.¹

En 2012 estos jóvenes vislumbraron un poco de esperanza con la puesta en marcha del programa DACA (por sus siglas en inglés) que les daba un estatus migratorio especial y los protegía de ser deportados. Este programa visibilizó el peso de los dreamers en la economía del país: en 2016, 16% de ellos adquirieron una casa, y en 2017 el 65% pudo comprar su primer coche. Además, 72% de las 25 empresas más importantes del país emplean a dramers adscritos al DACA, ya que son personal altamente cualificado.

Sin embargo el panorama cambió en septiembre del año pasado cuando Donald Trump decretó el fin progresivo de este programa, es decir, ya no se aceptan nuevas solicitudes, pero se mantienen los permisos de trabajo en vigor hasta su expiración. Y aquellos beneficiarios a los que su permiso venza en los próximos 6 meses pueden renovar por dos años más. Después de eso, nadie sabe con certeza qué pasará.

El destino de los dreamers ahora está en manos del Congreso, quien deberá proponer medidas para albergar a estos jóvenes que están dispuestos a luchar hasta el final para dejar de ser considerados “ilegales”. Algunos analistas han planteado que es difícil una deportación masiva y que más bien, los dreamers serán usados por el gobierno estadounidense como una moneda de cambio para construir el famoso muro fronterizo prometido de Donald Trump. Mientras tanto, los jóvenes siguen soñando y luchando, están convencidos de que ya no hay nada que perder. 

1Datos del instituto Cato

Por Alejandra Valenciano

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